El informe social en los procedimientos judiciales sobre provisión de apoyo a personas con discapacidad

En el año 2008 España ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, siendo este el instrumento internacional vinculante más reciente en materia de discapacidad. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

El artículo 12 de esta Convención proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar medidas para proporcionar a estas personas el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. A partir de aquí, tiene lugar una reforma legislativa para adaptar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias de la Convención; reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021.

Con esta nueva regulación pasamos de un proceso de modificación de la capacidad de la persona que daba lugar, en ocasiones, a la incapacitación de la misma, a un proceso de provisión de apoyos a la persona con discapacidad en la medida de sus necesidades, que va dar lugar a una resolución judicial que determinará los actos en los que la persona con discapacidad requiera de esos apoyos, pero ya no se podrá hablar de declaración de incapacidad.

En cuanto a las pruebas preceptivas para establecer las medidas judiciales de apoyo, tanto en los procedimientos de jurisdicción voluntaria como en los procedimientos contenciosos, la ley exige, entre otras pruebas, un dictamen pericial social que aconseje las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso para la persona con discapacidad. Aunque la Ley hace referencia a dictamen pericial la realidad es que estos informes se están solicitando, principalmente, a los Servicios Sociales. 

Ante esta nueva situación, y teniendo en cuenta lo que puede significar en la vida de una persona el tener medidas de apoyo que le permitan poder ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas, entendemos que estos informes han de ser realizados desde la máxima rigurosidad, valorando e individualizando estas medidas, y teniendo en cuenta todos los requisitos legales y formales que la ley exige para la adopción de las mismas; todo ello, por la trascendencia que estos procedimientos judiciales pueden llegar a tener en la vida presente y futura de las  personas con discapacidad.